El desmantelamiento del sistema ferroviario en el país que emplearon los diferentes gobiernos nacionales, incluido el actual, mostró otra vez sus consecuencias. Viajar en tren en Argentina se ha convertido en un verdadero peligro, y no hay indicios de políticas públicas que permitan afirmar que no se producirán nuevos accidentes.
Ayer, a las 13.45, el último vagón de una formación del ramal Mitre de cinco coches que llegaba a Retiro desde Tigre, descarriló a apenas unos 300 metros antes de ingresar a la terminal, cruzó las vías e impactó contra una torre de señalamiento de unos doce metros de altura, que cayó luego arriba del vagón.
Seis personas fueron hospitalizadas, ya que resultaron con politraumatismos -dos de ellas fueron llevadas al hospital Fernández, dos al Rivadavia, una al Argerich y la restante al hospital Santa Lucía, ya que presentaba heridas en sus ojos-. Además, otras 27 personas fueron atendidas en forma ambulatoria.
Absoluto abandono
El ingeniero Elido Veschi, de la Asociación del Personal Ferroviario (Apedefa), aseguró a Hoy: “Acá hay un problema de fondo. Ahí en esa zona, el Mitre ha tenido muchísimos accidentes, de este tipo y de otro. El problema real es que el sistema ferroviario nacional está todo destruido como sistema. En todos estos años lo que se ha hecho es deteriorar cada vez más el material, tanto de infraestructura como material rodante, y el personal incluso. Por lo tanto, esperar una solución mágica de esta situación es imposible, porque no se toman las medidas de fondo”.
La situación era previsible, ya que tanto en los ramales eléctricos (Retiro-Tigre y Retiro-José León Suárez/Bartolomé Mitre) como en el servicio diesel (Victoria-Capilla del Señor y Villa Ballester-Zárate) de la línea Mitre ya había varias denuncias que detallaban que el mantenimiento del material rodante y de señalización de vías es prácticamente inexistente.
En 2007, un estudio de la Auditoría General de la Nación advertía que el exconcesionario (TBA) desde hacía dos años que no presentaba el programa de mantenimiento de material rodante ni el de las estaciones. Además, también sostenía que “en la flota eléctrica existen coches con más de 720 mil kilómetros requeridos para efectuarles una reparación general, pero ese tipo de intervención no se realizó”.
Empleados ferroviarios habían denunciado a su vez que no había inversión en las vías, ni en las formaciones, y que incluso se registraban durmientes partidos, situación que pone a los vagones en peligro de descarrilamiento.
De hecho, el Gobierno se vio obligado a retirarle la concesión de este ramal al grupo Cirigliano (TBA) en mayo, como consecuencia del trágico accidente de Once ocurrido en febrero. Ahora, las vías del Mitre están a cargo de UGO MS, una unidad operativa conformada por el Estado y las empresas Ferrovías (de Gabriel Romero) y Metrovías (del grupo Roggio), ambas beneficiadas con millonarios subsidios (ver aparte), al igual que el grupo Cirigliano, los cuales, como queda claro en cada accidente, no fueron invertidos en el mantenimiento.
Quince accidentes en lo que va del año
Tan sólo en lo que va de este año ya se registraron al menos quince accidentes ferroviarios, contando la tragedia de Once ocurrida en febrero. Por lo menos dos de estos accidentes habían ocurrido en la línea Mitre, el resto fue en las líneas, Belgrano, Sarmiento y San Martín.
Pero además hay otros siniestros que no suelen registrarse, ya que se dan en los trenes de carga. “No se puede hablar puntualmente, porque esto va a seguir sucediendo. Si uno mira los trenes de la Capital, los ferrocarriles de carga son muchos, pero lo que pasa es que, al no haber víctimas, nadie se entera de lo que pasa ahí. Por ejemplo, hace unos días un parte diario de la empresa ALL, que es la que gestiona el ferrocarril San Martín, tenía 13 trenes, 10 separados por problemas de locomotora y 3 de carga interna. Hay un estado de absoluto abandono, es desastroso”, explicó a Hoy Elido Veschi.
Grupo Roggio, concesionario de la autopista platense
Al igual que los hermanos Cirigliano (dueños de TBA, imputados por la tragedia de Once), el grupo empresarial que lidera Aldo Benito Roggio (67 años) ha crecido al amparo de los subsidios que le dio el kirchnerismo sin ningún tipo de control.
El subsidio anual que recibió Metrovías (empresa que controla Roggio) en 2010 fue de 578,4 millones. A septiembre de 2011 el aporte del Estado nacional alcanzaba 826,8 millones de pesos, y este año los números son aún mayores. Cabe recordar que Metrovías es además la concesionaria de la línea Urquiza y de la red de subterráneos.
Además, en este caso no se trata de un grupo empresario dedicado exclusivamente al transporte. Roggio posee además una empresa constructora, ampliamente beneficiada por la obra pública kirchnerista. También incursiona en la hotelería: tiene 6 hoteles de lujo, 3 hoteles casino, el casino de Alta Gracia y máquinas tragamonedas en 17 ciudades de Córdoba. En concesiones viales, tiene Coviares (autopista Buenos Aires-La Plata), Covisur (autovía Buenos Aires-Mar del Plata, Puentes del Litoral (Rosario-Victoria) y Tapé Porá (Paraguay).
Por su parte, la otra empresa que controla el ramal Mitre, Ferrovías, liderada por Gabriel Benjamín Romero (56 años), realiza desde hace dos décadas negocios con el Estado. Su empresa, que administraba la línea ex Belgrano Norte, recibió en 2011 subsidios por $ 368 millones y otro tanto a través de Ugofe, que recibió en el mismo lapso subsidios por $ 1.190 millones.
El lento avance de la causa sobre el siniestro de Once
La causa que investiga el siniestro de Once -ocurrido el 22 de febrero con la consecuencia de 51 personas fallecidas-, a cargo del juez Claudio Bonadío, avanza con lentitud y aún continúa con la realización por un lado de pericias al maquinista Marcos Antonio Córdoba, y por otro de pericias contables para fiscalizar la situación económica y constatar la inversión que la empresa TBA había realizado en matenimiento de las formaciones.
Cabe recordar que Bonadío tiene como imputadas a más de una treintena de personas, entre ellos los empresarios de TBA Claudio, Roque y Antonio Cirigliano, y los exsecretarios de Transporte que se desempeñaron durante el kirchnerismo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
De hecho, Claudio Cirigliano fue detenido a principios de junio porque el magistrado a cargo de la causa consideró que interfirió en la investigación judicial. La decisión del juez se basó en la desaparición de buena parte de la documentación contable de la empresa TBA que estaba siendo analizada por los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar cómo se usaron los millones de pesos que la compañía recibió de subsidios del Gobierno nacional.
Por otro lado, a casi seis meses de la tragedia, aún los familiares y damnificados no han podido cobrar las correspondientes indemnizaciones. Los abogados de las víctimas aseguran que aún no está claro quién abonará las investigaciones, y que no se podrá avanzar en el tema hasta tanto no se resuelva la causa penal, que continúa a paso lento.
